A mediados de noviembre y ante la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Ayamonte. Allí prestarán declaración en calidad de investigados la exalcaldesa de Isla Cristina (2007-2015) y exvicepresidenta de la Diputación de Huelva, María Luisa Faneca -actualmente en la Ejecutiva del socialista Pedro Sánchez-, y el andalucista Francisco Zamudio, primer teniente de alcalde en el último mandato de la exregidora isleña y exalcalde de la localidad onubense durante doce años (1995-2007). La jueza les imputa la comisión de delitos de prevaricación, lesiones y otro continuado contra el medio ambiente por permitir que un negocio con licencia de restaurante ubicado en el interior del hotel Islantilla Golf Resort fuera explotado como el disco bar Beach Club, tal y como consta en la denuncia interpuesta por un vecino de la zona a la que ha tenido acceso Huelva Información. En el caso también figuran como imputados el gerente de dicho bar, E.H.F.; el exsecretario-interventor de la Mancomunidad de Islantilla, M.C.F.; y los representantes legales del establecimiento hotelero y de la propia mancomunidad.
En la documentación judicial se evidencia que el vecino habita entre mayo y octubre una vivienda colindante al citado negocio y que “no ha podido descansar durante los periodos de actividad” del pub. Además, se hace hincapié en que el Beach Club -actualmente clausurado- tenía desde 2005 licencia de actividad como restaurante con dos tenedores, pero “viene ejerciendo, desde hace muchos años, la actividad de bar con música y/o discoteca”. A todo añade que tiene barra, piscina y zonas verdes y se encuentra al aire libre “incluso con anterioridad a la concesión de la licencia para restaurante con dos tenedores”.
A lo largo de diez años, ha mantenido una actividad “no autorizada ni autorizable” pero sí “molesta e insalubre, con equipos de música, dj’s, actuaciones de toda índole (a veces entre las 17:00 y más allá de las 4:00), con inmisiones de ruidos y contaminación acústica inadmisibles e insoportables en mi vivienda y de otros vecinos”. La víctima agrega que “no he podido descansar” durante los periodos de actividad del Beach Club y que se ha visto obligado a ausentarse de su domicilio o “no poder acostarme hasta altas horas de la madrugada por la imposibilidad de conciliar el sueño”.
Esto, afirma, le ha provocado graves trastornos de toda índole: desde estrés a ansiedad y cansancio. El perjudicado añade que, además, el establecimiento infringía continuamente los horarios con la música a todo volumen.
Durante años el vecino presentó denuncias ante la Policía Local, la Mancomunidad de Islantilla, la Junta de Andalucía o el Defensor del Pueblo, sin que ninguna institución tomara medidas resolutivas al respecto. Esto, dice, ha puesto de relieve “no sólo la permisividad de los representantes de la Mancomunidad de Islantilla, sino de los propios funcionarios que, con su actuación, ampararon el ejercicio ilegal de la actividad, a sabiendas”.
De todas las denuncias interpuestas durante los últimos años por la víctima, destacan las quejas elevadas al Defensor del Pueblo Andaluz, que han tenido como respuesta varios informes en los que se pone de manifiesto “la situación injusta” que vive este vecino y la “absoluta falta de colaboración de la Mancomunidad de Islantilla con el Defensor”, dado que ha tenido que reiterar su petición de información y las recomendaciones para que se adoptasen medidas legales en incontables ocasiones.
Ya en julio de 2014, Jesús Maeztu rubricaba un informe en el que avisaba a la mancomunidad de que “tiene perfecto conocimiento de las consecuencias que se pueden derivar de una actitud pasiva ante hechos de esta naturaleza”, agregando que es “completamente ilegal la autorización de terrazas en pubs y bares con música y en las salas de fiesta y discotecas”. En el último de los requerimientos al ente supramunicipal, fechado el 26 de marzo de 2015, el Defensor destaca la “actitud extraordinariamente pasiva de esa mancomunidad”.
Asimismo, el vecino relata cómo ha presentado diversas denuncias ante la Policía Autonómica, que comprobó en su momento que el Beach Club emitía “música pregrabada que se difunde a través de cuatro altavoces grandes y seis satélites sin que exista zona o pista de baile”, amén de otros tantos espectáculos insertados en una programación cíclica. En paralelo, la Consejería de Medio Ambiente llevó a cabo un análisis de la contaminación acústica del bar, concluyendo que superaba los 63 decibelios, “que es superior al valor límite máximo indicado para todas las áreas acústicas”.
El perjudicado indica que, a pesar de las constantes denuncias que interponían él y otros vecinos ante la mancomunidad o la Policía Local de Isla Cristina y Lepe y a las redundantes inspecciones, “incoaban un único expediente sancionador por temporada, con imposición de una multa de un poco más de 1.000 euros”.
