Alrededor de un centenar de personas afectadas por el cierre del caladero del Golfo de Cádiz a la pesquería de la chirla se han concentrado hoy en Huelva para reclamar a la Junta de Andalucía ayudas “dignas y urgentes” para poder soportar la medida.
La concentración, que ha tenido lugar a las puertas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, ha reunido principalmente a afectados de Punta Umbría e Isla Cristina (Huelva), los municipios que aglutinan el grueso de los 96 barcos dedicados a la chirla en el Golfo de Cádiz.
En declaraciones a los periodistas, Manuel Fernández, presidente de la Federación Andaluza de Cofradía de Pescadores (Facope) y, a su vez, patrón mayor de la Cofradía de Punta Umbría, ha explicado que “se trata del segundo sierre consecutivo para el sector en apenas 12 meses, por lo que es un momento bastante malo”.
Ha recordado que en la anterior parada -desde diciembre de 2016 a julio de 2017- “no tuvimos ayudas, por eso ahora queremos que se nos asignen unas dignas y urgentes, porque no podemos permitirnos estar otro siete y ocho meses sin tener ni siquiera subsidio”.
“Entendemos que han de ser lo más altas posibles y, al mismo tiempo, que no podemos parar cinco meses, porque la gente de la mar tenemos la mala costumbre de comer todos los días”, ha dicho, expresando su confianza en el compromiso del consejero del ramo, Rodrigo Sánchez de Haro, quien “nos dijo que iban a intentar que fueran lo más elevadas posibles dentro de la ley”.
Por otra parte, reclaman “una nueva regulación que involucre a administración, científicos y sector, ya que hasta el día de hoy, se nos ha llamado pero no se han tenido en cuenta nuestras demandas; llevamos casi tres cierres consecutivos, uno en 2011, otro en 2017 y el de ahora y son muchos padres de familias, casi 1.500 entre directos e indirectos y Andalucía no puede permitir esto”.
En este sentido, ha recordado que hubo una regulación por parte de la Dirección General de Pesca de la Junta que fue rechazada por el sector, desde donde “se le reprochó que no era la adecuada, que se iba a llegar a lo que se ha llegado, al colapso y cierre de la pesquería”, por ello, han aprovechado la concentración para pedir la dimisión de la directora general, Margarita Pérez.
Por su parte, el patrón mayor de la Cofradía de Isla Cristina, Mariano García, ha dejado claro que el cierre es consecuencia de “una mala gestión administrativa y una mala política pesquera; la Consejería ha cerrado las puertas al sector”.
Por ello, entiende que ha de haber apertura al diálogo para favorecer un cambio en una gestión “que no funciona” y que pasaría por división zonas más amplia, fijar tallas conforme a la especie y establecer topes de capturas y no de horarios.
