Un total de 1.297 empleadas de hogar en Huelva podrán verse beneficiadas del subsidio por desempleo, gracias al Real Decreto-Ley para la mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad social de las personas trabajadoras al servicio del hogar que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros.
Según ha indicado la Sub delegación en una nota de prensa, el texto ha sido elaborado en contacto con las organizaciones sindicales y las plataformas de las empleadas de hogar que “reivindican esta norma desde hace décadas”, y resuelve la equiparación con las personas trabajadoras por cuenta ajena, tanto en el ámbito del sistema extintivo de la relación laboral como en el de la prestación por desempleo, equiparando sus condiciones laborales a las del resto de trabajadores.
En este sentido, la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, ha destacado que es “un reto a una discriminación laboral histórica y de absoluta injusticia quedando así protegidos sus derechos laborales con condiciones dignas y justas”, toda vez que ha afirmando que la reforma laboral “ha conseguido que en el mes de agosto más del 40 por ciento de los nuevos contratos sean indefinidos en Andalucía y la subida del Salario Mínimo Ínter profesional”.
Sobre esto último, Parralo ha detallado que “son cerca de un millón las personas en Andalucía que se benefician del incremento”, ya que el SMI sirve de referencia para fijar el acceso a prestaciones asistenciales que gestiona el SEPE.
Por tanto, el Real Decreto tiene como objetivo equiparar las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena para acabar con la discriminación histórica de este colectivo feminizado.
Este elemento de des valoración del trabajo doméstico se ha mantenido en las normas y se corrige ahora para terminar con la infravaloración histórica de un trabajo desempeñado mayoritariamente por mujeres, que ha contribuido a la “perpetuación de estereotipos y al agravamiento de la brecha de género”.
También se garantizará la protección de la seguridad y salud de las personas al servicio del hogar familiar equivalente a la de cualquier otra persona trabajadora, esencial no solo para asegurar la equiparación de condiciones que exige la normativa anti-discriminatoria de la Unión Europea y el Convenio 189 de la OIT, sino también para “garantizar el derecho constitucional a la salud que corresponde a todas las personas”.
Por otro lado, proporciona cobertura en el ámbito de la garantía salarial a las personas trabajadoras del servicio doméstico en los casos de insolvencia o concurso de las empleadoras.
PROTECCIÓN PARA EL DESEMPLEO
Tras este Real Decreto, desde el Gobierno se ha asegurado que las empleadas del hogar “dejan de ser el único colectivo laboral que carecía de protección en situación de desempleo pese a que la mayoría tienen relaciones laborales a tiempo parcial e intermitentes, que a menudo finalizan repentinamente por defunción de sus empleadores y con un régimen especial de despido que permitía los despidos arbitrarios e intempestivos sin ningún tipo de indemnización”, por lo que la prestación del desempleo constituye, desde la perspectiva de la justicia social, “una necesidad” ineludible.
Según el decreto, será obligatorio cotizar por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a partir del 1 de octubre. Para que estas cotizaciones no supongan un sobres fuerzo económico para los empleadores, estos tendrán derecho a una bonificación del 80 por ciento en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y al Fogasa en este Sistema Especial.
Por otro lado, se mantiene la reducción de un 20 por ciento en la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes correspondiente a este Sistema Especial.
Además, se incrementarán los tramos de bonificación superiores al 20 por ciento, en función de la composición del hogar y también de los niveles de renta y de patrimonio, lo que permitirá “aumentar el número de beneficiarios”, según ha señalado la Sub delegación.
Asimismo, el Real Decreto-ley también establece que los empleadores asumirán las obligaciones en materia de cotización para los trabajadores que presten sus servicios durante menos de 60 horas/mes por empleador, eliminando la posibilidad de que sean los trabajadores los que soliciten directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones de datos.
Por otra parte, se elimina la figura del desistimiento, que permitía el despido sin causa y, por tanto, sin las garantías del despido para tales situaciones al permitir prescindir de las trabajadoras del hogar sin justificar causa alguna.
Por tanto, a partir de ahora se deberán acreditar los motivos que puedan dar lugar a la finalización del contrato con las empleadas extendiendo la protección frente al despido.
Por otra parte, el Gobierno desarrollará políticas de formación y acreditación para las personas empleadas del hogar dedicadas al cuidado o la atención de las personas que formen parte del ámbito doméstico y familiar. Estas iniciativas tendrán en cuenta las particulares condiciones de trabajo en este sector y las personas trabajadoras que desarrollan su actividad en él.
Por último, la norma establece también el compromiso de creación de una comisión de estudio cuyo objetivo es la inclusión de la perspectiva de género en el cuadro de enfermedades para que se identifiquen y se corrijan “las deficiencias” que existen en el ámbito de la protección ante las enfermedades profesionales de los trabajos desarrollados mayoritariamente por mujeres.
