José Antonio Cazorla, policía local de Isla Cristina, ha presentado este martes, 6 de junio, una denuncia contra otros tres agentes locales (uno de ellos de Huelva, F.J.P.P.; otra de Lepe, J.M.M.A.; y una de Sevilla J.L.V.), a los que acusa de un delito de falso testimonio «por declarar ante notario un contenido que el transcurso del tiempo ha demostrado que no se ajustaba a la verdad».
Según ha informado su abogado, José Luis Orta, «los hechos se remontan a 2017, cuando el policía denunciante recibió un disparo en una práctica de tiro en Huelva por parte del instructor encargado del curso, hecho que estuvo a punto de costarle la vida y que fue negado sistemáticamente por el causante del disparo durante más de cinco años».
Durante ese tiempo, y en varias declaraciones, «el instructor negó ser el causante del disparo, dejando abierta la puerta a que hubiera sido algún compañero de los presentes a pesar de que todos declararon en Comisaría y en los Juzgados que fue el instructor el responsable de lo sucedido sin ningún género de dudas».
«A tal punto llegó la negativa a reconocer los hechos que quiso aportar como prueba testifical en la instrucción del procedimiento en el Juzgado la declaración de tres policías locales que estaban ese día en la galería de tiro, aunque más alejados que los testigos directos», prueba que, explica Orta, «fue rechazada por la jueza del caso» tras lo que «decidieron acudir el mismo día a dos notarios de Lepe y Sevilla para realizar un acta de declaración jurada en la que manifestaban, sin ningún género de dudas, que vieron cómo el disparo no provenía del arma del instructor e incluso que daban fe de que el arma se guardó sin cargador ni munición». En definitiva, los tres policías arropaban la tesis de la defensa del acusado y lo hacían ante notario.
«Lo que ninguno de ellos tres se esperaba es que el día del juicio, 26 de enero de 2023, el acusado se derrumbara en el banquillo y aceptara su culpabilidad, reconociendo los hechos y ser él el autor del disparo», asevera el abogado del policía denunciante, al tiempo que explica que «ese acto, reconocer la culpabilidad a pesar de haber mentido durante más de cinco años, es un derecho que legalmente tiene un acusado y que no le perjudica con más consecuencias que la propia pena impuesta por el caso, pero no así a los testigos que pretendiendo ayudar a la defensa quedan en entredicho cuando el acusado reconoce los hechos». La pregunta ahora, insiste Orta, «es ¿porqué declararon ante notario algo que no era verdad y que el propio acusado se ha encargado de desdecir?»
Cabe recordar que el delito de falso testimonio se contempla en el Código Penal en su artículo 458 con penas de hasta dos años de cárcel e incluso inhabilitación temporal de su cargo. huelvaya.es
