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Las pensiones no contributivas son una forma de ayuda económica destinada a aquellos ciudadanos que, aunque cumplen con los requisitos para la jubilación, no pueden acceder a una prestación pública.
El Gobierno, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), garantiza ingresos mínimos para las familias en situación de necesidad, así como asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios.
Este subsidio se crea con el propósito de ofrecer cobertura sanitaria y cubrir las necesidades básicas de aquellos trabajadores que no han cotizado el mínimo exigido por la Seguridad Social.
Cómo cobrar una pensión no contributiva
Para ser beneficiario de estas prestaciones, se deben cumplir ciertos requisitos:
- Tener residencia legal en España durante al menos dos años antes de tramitar la solicitud.
- Demostrar ingresos por debajo del límite establecido.
Las pensiones no contributivas abarcan dos modalidades: jubilación e invalidez, y su cuantía mensual se determina en los Presupuestos Generales del Estado.
En diciembre pasado, el Ministerio de Seguridad Social confirmó el dato definitivo de la inflación interanual, lo que afecta a la revalorización de los subsidios. En consecuencia, las pensiones no contributivas experimentarán un aumento del 6,9%, mientras que las pensiones de viudedad para personas con menores de 26 años a su cargo crecerán un 14,1%. Las pensiones mínimas se revalorizarán entre un 5% y un 7%, mientras que las ordinarias aumentarán solo un 3,8%. Estas modificaciones entrarán en vigor este mes de enero, beneficiando a los pensionistas.
Los requisitos para acceder a una pensión no contributiva de jubilación incluyen la residencia en territorio español durante al menos diez años, de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. Además, los solicitantes deben tener más de 65 años y no superar el límite de ingresos establecido, que sitúa la carencia de rentas por debajo de los 7.250,60 euros anuales.
Límites para mantener la pensión
Si bien los ingresos personales son un factor crucial, si el potencial beneficiario convive con otros familiares, los límites pueden cambiar. La administración pública establece diferentes umbrales de ingresos según la unidad de convivencia:
- El demandante y su cónyuge: 12.326,02 euros anuales.
- El demandante, su cónyuge y/o un tercer pariente de segundo grado: 17.401,44 euros anuales.
- El demandante, su cónyuge y/o dos parientes más de segundo grado: 22.476,86 euros anuales.
El parentesco incluye a padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos hasta el segundo grado. Aquellos que conviven con el solicitante pero no están unidos por matrimonio o lazos familiares hasta el segundo grado no se consideran parte de la unidad económica de convivencia y sus ingresos no se tienen en cuenta para la pensión correspondiente.
Además de los requisitos económicos, es importante destacar que las pensiones no contributivas buscan garantizar una asistencia adecuada a aquellos ciudadanos que, por diversas razones, no han podido cumplir con los estándares de cotización establecidos por la Seguridad Social.
Estas prestaciones son el reflejo el compromiso del Estado en la protección y el bienestar de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica, asegurando que tengan acceso a servicios médicos esenciales y a un nivel mínimo de ingresos que contribuya a satisfacer sus necesidades básicas.
La revalorización anual de estas pensiones se convierte en un instrumento clave para ajustar los beneficios a las fluctuaciones económicas y garantizar una ayuda efectiva a quienes más lo necesitan.
