Peligra la flota de arrastre isleña por los vetos de la Unión Europea

Jordi Landero.

Pescadores de la modalidad de arrastre de la Costa Occidental de Huelva, especialmente de los puertos de Isla Cristina y Punta del Moral (Ayamonte), han participado esta semana en esta última localidad en una acción de protesta convocada para profesionales del mar de toda la Unión Europea, contra los vetos a la flota de arrastre que propone la Comisión Europea (CE).

Ha sido una acción simbólica, promovida por organizaciones de armadores y de sindicatos de toda la UE para expresar, con motivo del Día de Europa, el rechazo al plan de acción de la CE que plantea vetar las artes de pesca de arrastre de fondo en las zonas marinas de cara al año 2030.

Dicha acción es una iniciativa de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA) y la patronal Europêche (a las que pertenecen Cepesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores), la Asociación Europea de Organizaciones de Productores Pesqueros y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte ETF (que integra a los sindicatos españoles CCOO y UGT).

Según esta última Federación, la Comisión Europea adoptó el pasado mes de febrero el denominado ‘Plan de Acción de la UE: Proteger y restaurar los ecosistemas marinos para una pesca sostenible y resiliente’. Un documento que, entre otras cosas, tiene por objeto aumentar las zonas marinas protegidas (ZMP) del 12 % al 30 % en aguas de la UE, así como eliminar gradualmente la pesca de arrastre de fondo en todas las ZMP de cara al año 2030. Además, no se permitirá la pesca de arrastre de fondo en ninguna ZMP de nueva creación.

Dichas medidas tendrán, según añade la Federación Europea de Trabajadores del Transporte ETF, “importantes consecuencias sociales y económicas en este sector, en particular en las regiones donde la pesca de arrastre de fondo representa una parte significativa de las operaciones pesqueras”. Así, prosiguen, “se perderán puestos de trabajo y los arrastreros tendrán que desplazarse a nuevos caladeros, lo que supondrá viajes más largos y numerosos, mayor consumo de combustible, más horas de trabajo para la tripulación, más fatiga, consecuencias inevitables sobre la seguridad a bordo y, por lo tanto, esto hará que sea un sector aún menos atractivo para los trabajadores jóvenes”.

Todo esto, concluyen, en un contexto en el que “la competencia por el espacio marino está aumentando y en el que la pesca está luchando para mantener las zonas donde ha operado durante décadas”.

El plan de acción de la CE sobre los ecosistemas marinos afecta a 7.000 buques en toda la UE, que dan trabajo a 20.000 pescadores y que generan el 38% de los ingresos de la flota de la UE. De ellos, 884 barcos son españoles, según datos de Cepesca.

Las restricciones que plantea Bruselas tendrían un impacto superior a 870 millones de euros, que se “triplicará” cuando las zonas protegidas abarquen el 30% de las aguas comunitarias, según la misma fuente.

El sector pesquero también ha opinado que el veto afecta a los ciudadanos, por considerar que “sufrirán” una carencia de oferta de pescado en favor de las ventas de género de países donde “los estándares de sostenibilidad ambiental y social son cuestionables e inferiores” a los de la flota comunitaria.

MÁS DE 80 BUQUES AFECTADOS ENTRE ISLA CRISTINA Y AYAMONTE

En el caso de los puertos con modalidad de arrastre en el litoral onubense, que básicamente son los de Isla Cristina y Punta del Moral, los buques afectados serían 80 –unos 40 por puerto de los que viven una media de cinco familias por barco unas 400 en total, a las que habría que sumar las personas que viven de la industria auxiliar. Así, según ha señalado a esta redacción el presidente de la Asociación de Armadores de Isla Cristina, Francisco Faneca, “la puesta en marcha en 2030 de estas medidas sería una ruina para Isla Cristina”.

Situación similar se viviría en el puerto de la orilla opuesta de la ría Carreras, el de Punta del Moral, donde el presidente de su Asociación de Armadores, Alonso Abreu, ha ratificado a este diario las palabras de su homólogo isleño.

Por todo ello, ambos han coincidido en pedir la dimisión del comisario europeo de Pesca, Virginijus Sinkevicius, ante lo que consideran un “ataque de la Unión Europea y del propio comisario” que está “haciendo un gran daño” al sector del arrastre, lo cual puede suponer “la desaparición de la modalidad de pesca más importante para ambos puertos”.

“Estamos preocupados y vamos a seguir luchando para salvaguardar los intereses del sector y de cientos de familias de ambos municipios”, han añadido, aunque al mismo tiempo afirman estar aún “relativamente tranquilos” porque “hay mucho margen hasta el año 2030 para negociar la retirada de la medida por parte de la UE”, la cual creemos que finalmente “tendrá que dar marcha atrás ante la presión del sector y de los gobiernos con flota de arrastre, y por tanto afectados, como son los de España, Portugal, Italia, Francia, Grecia o Países bajos, entre otros”.