El presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, Manuel Fernández Belmonte, ha recibido en el puerto pesquero de Punta Umbría, al gerente de Ágapa y vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del PP-A, José Carlos Álvarez, y le ha manifestado el malestar unánime del sector pesquero andaluz en la modalidad de cerco en lo referente a la Orden que regula la captura de la sardina “quitándole” la cuota a los pescadores andaluces para “dársela a otras comunidades autónomas”.
Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el presidente Belmonte ha aclarado que está “a favor” de que todos los pescadores de las diferentes comunidades autónomas “puedan beneficiarse de unas cuotas de pesca dignas pero nunca en detrimento unas de otras”.
“No podemos permitir que se perjudique a nuestra Andalucía, ya que no solo afecta a nuestros marineros si no a una larga cadena formada por comercializadores, manipuladores, transportistas, empleos directos e indirectos que se generan, las conserveras, sector servicios de hielo, combustible, envase. Detrás de una decisión de la Secretaría General de Pesca hay repercusiones muy importantes a nivel social y económico en Andalucía”, ha comentado.
Por su parte, el vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del PP-A, José Carlos Álvarez, ha mostrado el “respaldo absoluto” de su formación a las reivindicaciones de la flota pesquera de cerco de Andalucía ante los “continuos ataques del Gobierno de Pedro Sánchez a su actividad y, por tanto, a su medio de vida y al de cientos de familias andaluzas que dependen de ella”.
De este modo, como le ha trasladado el presidente de Facope, el ministerio “no ha tenido en cuenta” que la flota andaluza no ha podido pescar en los meses previos a septiembre debido a las elevadas temperaturas del agua “y justo nos aplican el recorte cuando saben que es ahora cuando el agua del Golfo de Cádiz empieza a enfriarse y comienza a entrar la sardina procedente de Portugal, de manera que podemos pescar hasta finales de noviembre”, según ha informado el PP-A en una nota.
José Carlos Álvarez ha asegurado que el mecanismo activado por el ministerio está “mermando de forma considerable la rentabilidad de las empresas y de los pescadores, que acumulan ya más de dos millones de euros de pérdidas directas, a los que hay que sumar otro millón de euros que pierde toda la industria extractiva auxiliar”.
“Y lo que es peor aún, son muchos miles de puestos de trabajo los que están juego, así como la forma de vida de cientos de familias y la supervivencia del propio sector, muy castigado ya también desde que caducó el acuerdo pesquero con Marruecos”, ha apuntado.
En este sentido, ha destacado que la Junta ha regulado las paradas temporales de la actividad de cerco para agilizar la gestión y que puedan acceder a ella el mayor número de trabajadores y empresarios, mejorando los ingresos y disminuyendo los costes respectivamente.
Asimismo, ha explicado que en los últimos tres años, el Gobierno andaluz ha multiplicado por tres las ayudas al sector pesquero, pasando de los 22 millones de euros activados por el último gobierno socialista, a los más de 76 millones que el actual del PP-A ha otorgado desde 2019. Ha añadido que más de cuatro millones de euros se han destinado a la flota de cerco, “dato que contrasta con el medio millón otorgado en los años 2017 y 2018 por el ejecutivo socialista, que no aportó ni un euro durante los tres años previos”.
