• Los problemas informáticos y la falta de personal son los principales motivos de los retraso que afectan a más de cien mil participantes en ambos procesos, muchos de ellos en la provincia de Huelva
• El sector de Sanidad de CSIF teme que esta paralización afecte también a la oferta de empleo público de 2016, ya convocada, y a la de 2017
El sindicato CSIF ha trasladado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) su preocupación por el retraso que acumula el desarrollo de la oferta de empleo público 2015 y el concurso de traslados de los profesionales sanitarios de ese mismo año, a pesar de los plazos anunciados por el propio SAS y que luego “incumple reiteradamente”.
Esta situación de atrasos y de plazos que no se cumplen está generando en los más de cien mil afectados, muchos de ellos en la provincia de Huelva, falsas expectativas. Por este motivo, asegura CSIF, el malestar está “absolutamente justificado” entre los participantes en estos procesos.
Los motivos parecen encontrarse, según la central sindical, en la ausencia de personal -gran déficit de los servicios públicos andaluces- y en los problemas informáticos, dado que el sistema no soporta la gestión de estos procesos y, en mucha ocasiones, se bloquea porque se tiene que gestionar, simultáneamente, todo lo relacionado con la bolsa de empleo del SAS.
En este sentido, CSIF teme que esta acumulación de retrasos, además de los perjuicios que provoca en los participantes en la OPE y en el traslado, también afecte a la oferta de empleo público de 2016, ya convocada, y a la de 2017, comprometida por la propia Administración. En este sentido, el sindicato recuerda que el SAS se ha comprometido a convocar una oferta de empleo público para todas las categorías cada dos años, la mitad un año y el resto al año siguiente; en 2016 se convoca la mitad de las categorías y se deja para 2017 la convocatoria de la otra mitad.
Por último, CSIF recuerda que la externalización del soporte informático de los procesos de OPE y de traslados fue paralizada cautelarmente por el TSJA por presuntas irregularidades en la adjudicación, haciéndose cargo la Consejería de Salud de la gestión informática cuando, según lo sucedido, no estaban preparados tanto por los recursos materiales como humanos. El sector de Sanidad reclama urgentemente medidas para no dilatar ambos procesos y, sobre todo, para “proteger los derechos de los más de cien mil participantes”.
