La Asociación de la Prensa de Huelva (APH), con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ha hecho un llamamiento a todos los periodistas de España a sumarse el 15 de septiembre a las concentraciones de apoyo a favor de la periodista onubense condenada a dos años de prisión por informaciones sobre el caso Laura Luelmo.
Según han indicado en una nota de prensa, esta condena “supone una amenaza real contra la libertad de prensa en este país” y “abre un peligroso precedente” al “atribuirse los jueces la potestad de decidir aquello que es noticiable y que, en esencia, supone imponer la autocensura para evitar el escarnio judicial”.
Así, aprovechando que el próximo viernes 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia, se ha hecho un llamamiento a todos las asociaciones de la prensa de España para que, en sus respectivas provincias, se lleven a cabo actos de protesta, a las 11,00 horas, que tendrán lugar frente a las diferentes audiencias provinciales españolas, excepto en el caso de Madrid, que se celebrará frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Las concentraciones se desarrollarán bajo el lema de #SinPeriodismoNoHayDemocracia y se ruega a los asistentes que acudan al llamamiento con esparadrapo o similares en la boca, para “visibilizar el intento de censura previa que esta sentencia supone contra los periodistas españoles”.
En un comunicado previo, las asociaciones de la prensa de Andalucía manifestaron su “rechazo absoluto” a la sentencia 96/2023, dictada por la Audiencia de Huelva, que “condena a una periodista por revelación de secretos” relacionados con el caso del asesinato de Laura Luelmo en El Campillo. Las asociaciones consideran que esta sentencia “puede generar un peligroso precedente, ya que atenta directamente contra el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir una información veraz, en este caso, verdadera”.
La sentencia establece que la periodista “obtuvo información del sumario del caso y la difundió a través de artículos periodísticos”, pese a que “ni siquiera estaba vigente el secreto de las actuaciones”, así como “los jueces consideran que algunos detalles revelados eran innecesarios e irrelevantes para el interés público y que afectaban a la intimidad de la víctima y su familia”. Basándose en el artículo 197.3 del Código Penal, la periodista ha sido condenada a dos años de cárcel.
Este fallo judicial ha generado una “honda preocupación” en las asociaciones profesionales, “puesto que deja al libre dictamen de los jueces la relevancia de una información, que, siempre y cuando sea veraz, está amparada en el artículo 20 de nuestra Carta Magna”.
