El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha resaltado en el Parlamento el acuerdo alcanzado por la Junta y el sector para “trabajar juntos” por la viabilidad del caladero de la chirla del Golfo de Cádiz. En este sentido, ha recordado que el pasado día 15 de marzo volvió a reunirse con los afectados por el cese de la pesquería de la chirla, y que durante el encuentro ambas partes se comprometieron a crear un grupo de trabajo con la determinación de “alcanzar una estrategia conjunta para asegurar la actividad permanente de este sector”.
“El sector y la Consejería tenemos muy clara la necesidad de garantizar la futura viabilidad incluyendo todas las perspectivas, tanto de carácter económico y social como medioambiental”, ha asegurado el titular de Pesca andaluz, que ha recordado que en el encuentro del pasado jueves “acordamos que, hasta el próximo viernes 23 de marzo, los representantes del sector presentarían propuestas específicas sobre el futuro grupo de trabajo para ponerlas en común en una nueva reunión después de Semana Santa”.
El consejero, que ha recalcado que desde Andalucía “tenemos nuestros esfuerzos centrados en la recuperación y conservación de la pesquería de la chirla, el mantenimiento de una actividad que genera indudables beneficios económicos, sociales y de empleo”, ha vuelto a pedir la implicación del Gobierno central. “Es necesario que se sume, tanto a la cuantía de las ayudas que vamos a destinar desde la Junta de Andalucía, como al apoyo a los armadores, para dar respuesta a los requisitos que dependen únicamente del propio Gobierno de España, facilitando al sector el acceso a incentivos allí donde es su competencia, como en cuestiones relativas a Seguridad Social y Hacienda”.
En cuanto a la orden de ayudas que está ultimando la Consejería, a razón de 500 euros al mes por barco y 400 por marinero mientras dure el cierre del caladero, Sánchez Haro ha explicado que otro de los puntos de la pasada reunión con el sector fue informarles personalmente de las alegaciones admitidas. Hasta ese momento se había aceptado el 60% de las aportaciones del sector, pero, “tal y como me comprometí, estamos trabajando y analizando de nuevo las que se han quedado fuera para incorporar algunas consideraciones más al texto. Así, daremos encaje a todas las que sean técnica y jurídicamente posibles, siempre bajo la premisa del cumplimiento de la legislación y la normativa vigentes”.
Entre otras, ha anunciado que se va a aceptar que para calcular la cuantía de la subvención, que consistirá en una cantidad fija por buque y una cantidad en función del número de tripulantes enrolados en la embarcación, la fecha que se tenga de referencia sea el día 2 de octubre de 2017 y no el 29 diciembre como estaba fijado inicialmente. Ésta se sumaría a las peticiones ya incluidas en el proyecto de orden, entre las que destacan la consideración de los armadores como tripulantes a efectos del cálculo de la ayuda total a percibir, la reducción del plazo para la resolución de la subvención de seis a tres meses y la eliminación de requisitos (como la presentación de determinados documentos) para facilitar la tarea a los interesados, así como la reducción de las cargas administrativas al sector, gracias a que la Consejería asume la solicitud de documentación a otras administraciones (como el Instituto Social de la Marina o las Capitanías Marítimas).
Esta línea de incentivos, que se está elaborando por trámite de urgencia para la flota afectada (compuesta por 96 embarcaciones de draga hidráulica y 291 tripulantes de los puertos de Isla Cristina, Punta Umbría, Ayamonte y Sanlúcar de Barrameda), va a ser compatible con la contratación de los marineros por parte de los barcos de otras modalidades pesqueras o en otra actividad, así como con otras prestaciones sociales.
