Medio centenar de menores víctimas de violencia sexual reciben atención durante el primer semestre en Huelva

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha atendido en el primer semestre de 2021 a 51 niños, niñas y adolescentes en la provincia de Huelva dentro del programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento a menores víctimas de violencia sexual del Gobierno andaluz, que atendió a un total de 575 menores en toda la comunidad.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el perfil de la víctima sigue siendo femenino, ya que las niñas representan al menos el 80 por ciento de los casos en Andalucía (460 en toda la comunidad, 38 en Huelva). De este modo, han señalado que “los datos constatan que la mitad de los casos que son derivados a este programa específico, tanto en evaluación como en tratamiento, se producen en el ámbito familiar de las víctimas”.

El Programa de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento, organizado desde la Consejería y coordinado con las delegaciones provinciales, es una iniciativa “pionera” puesta en marcha, “con una trayectoria de más de 20 años”, para intervenir con niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido abusos y con sus familias.

“La violencia sexual constituye uno de los problemas sociales más graves a nivel mundial”, ha detallado la consejera Rocío Ruiz, que ha puntualizado que “aunque causa graves daños y traumas en los niños y niñas, su detección es compleja debido al habitual secretismo que la acompaña, al cometerse la mayoría de los casos dentro del entorno familiar o cercano”.

No obstante, la consejera ha incidido en “la buena salud” de la que goza este programa, “ya que los abusos sexuales a menores ya no se ocultan, sino que se denuncian, lo que demuestra el interés por proteger a niños, niñas y adolescentes”.

En este sentido, los datos correspondientes a los primeros seis meses del año 2021 corroboran que en el caso de la evaluación, la tipología más frecuente de violencia sexual de los nuevos casos se produce en el ámbito intrafamiliar, con 205 casos (un 49,16 por ciento del total en toda Andalucía), seguida por los 130 casos registrados en el ámbito extrafamiliar (31,18 por ciento).

La violencia entre iguales representa el 14,39 por ciento (60 casos). En la provincia de Huelva se atendieron 43 casos en esta fase, 21 de los cuales corresponden al ámbito intrafamiliar, frente a los 14 del ámbito extrafamiliar o los cinco casos detectados entre iguales. En dos casos se detectaron más de un tipo de violencias.

Este patrón, han señalado desde la Consejería, “se repite en la fase de tratamiento”, ya que “con mayor frecuencia los expertos atienden situaciones de violencia sexual dentro del entorno familiar” (52,87 por ciento y 129 casos), seguida de la producida en el ámbito extrafamiliar (25 por ciento de las situaciones, 61 casos).

Los abusos entre iguales que se atienden en esta fase de tratamiento representan el 16,39 por ciento de las situaciones (40 casos). De nuevo, de los 15 casos atendidos en Huelva, nueve corresponden al ámbito intrafamiliar y dos al extrafamiliar, mientras que en otros dos casos se trató de violencia entre iguales y en un caso hubo más de un tipo de violencias.

Asimismo, han añadido que el balance del programa “constata” además “un aumento significativo” en el número de pruebas preconstituidas, que han ascendido en este primer semestre del año a 81.

En Huelva se realizaron un total de cuatro pruebas, lo que supone el 4,94 por ciento del total regional. Se trata de aquellas actuaciones sumariales, principalmente testimonios de las víctimas, a las que se les atribuye “eficacia probatoria para su uso en el proceso judicial siempre que en su realización cuenten con las garantías legales de los medios de prueba”. Esta práctica evita “la revictimización” de los niños, niñas y adolescentes en el juicio, al no tener que recordar y explicar en diferentes ocasiones lo vivido.

“Estas cifras nos demuestran la importancia de que desde el ámbito judicial se tome cada vez más conciencia de la importancia de realizar estas pruebas, en favor de los derechos de los niños y niñas víctimas, para evitar que vuelvan a pasar por todo lo que supone declarar en un juicio”, ha indicado Ruiz.

Igualmente, la consejera ha destacado que en la reciente Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, para este tipo de procedimientos “se contempla el deber de practicar estas actuaciones con menores de 14 años que intervengan en condición de testigos”.

Rocío Ruiz ha recordado que la infancia reúne unas características “muy especiales de vulnerabilidad” que “requieren la articulación de un sistema basado en la prevención y la detección precoz que promueva la sensibilización social”.

Por ello, y conforme a la “apuesta por un modelo que ponga en el centro de la decisión a los niños y las niñas” que contempla la Agenda de Desarrollo Sostenible 2020-2030, la Consejería de Igualdad ha actualizado la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía “para garantizar su protección desde un enfoque de prevención”.

Asimismo, el III Plan Andaluz de Infancia y Adolescencia, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de junio, “prestará especial atención a menores que se encuentren en situación de vulnerabilidad, como pobreza o exclusión, migrantes no acompañados, con discapacidad, con problemas de salud mental, víctimas de acoso escolar o de violencia sexual y del colectivo Lgtbi”.

El objetivo de este proyecto es “la garantía efectiva” de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes para que reciban el apoyo y la protección “necesarias” en todos los ámbitos de la sociedad, la familia, la educación, la salud, los servicios sociales, la justicia, la cultura, el deporte, el ocio, el medio ambiente, las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, “así como promover su intervención en la vida pública y en cualquier estructura de participación”.