Los barcos que faenan la chirla en el Golfo de Cádiz no saldrán a faenar el próximo lunes en señal de protesta por las condiciones que recoge la resolución por la que se reabre el caladero.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural permitirá al sector de la chirla, tras la reapertura del caladero que será efectiva el lunes, faenar sólo cuatro días a la semana con un tope de capturas diario para cada embarcación.
Así, establece un máximo de 150 kilos por día para los barcos con draga hidráulica y un máximo de 90 kilos por día para las embarcaciones de rastro remolcado. En ambos casos, esa es la cantidad permitida de captura y venta en lonja.
Además, determina que solo se permite faenar cuatro días a la semana y queda prohibida la captura, descarga y primera venta de chirla todos los miércoles. También establece que deberá ser objeto de primera venta en lonja, a través de los centros de expedición asociados a las mismas, el mismo día en que se produzca su captura.
La resolución se adapta a lo recogido en la orden por la que se regula el marisqueo de esta especie en el Golfo de Cádiz y establece una captura total no superior a 1.100 toneladas hasta el 1 de febrero de 2019. La cuota de captura obedece a los estudios realizados por el Instituto Español de Oceanografía (IEO).
Con estas condiciones, los mariscadores decidieron ayer en distintas asambleas, tras conocerse la resolución, que el lunes mantendrán los barcos amarrados a puerto para hacer visible su oposición a la resolución.
El sector entiende que con estas condiciones resulta inviable económicamente salir a faenar. El lunes, representantes de los puertos de Punta Umbría, Isla Cristina y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) mantendrán una reunión para adoptar una decisión conjunta sobre el tema.
Los mariscadores aseguran que Pesca no ha tenido en cuenta las alegaciones que han presentado y califican la resolución de “tomadura de pelo”, ya que la propuesta inicial para nada ha variado. De los 120 kilos (para la draga hidráulica) y cinco días de trabajo a la semana a 150 kilos cuatro días, con el mismo resultado de 600 kilos por barco semanales.
Según la Junta, el objetivo de dicha medida es alcanzar niveles de rendimiento máximo sostenible, ya que, en estos momentos, según los últimos informes del Instituto Español de Oceanografía, se sitúan al 59%, una cifra que sí permite que pueda compatilizarse la actividad extractiva con la recuperación del caladero.
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha insistido en que esta decisión “se toma en apoyo a las familias que viven de esta pesquería, para que vuelvan a tener ingresos por su actividad” y ha hecho un llamamiento a la responsabilidad del sector, que “tendrá que compatibilizar la actividad con la mejora del caladero”.
La resolución especifica, además, que las lonjas también velarán por el cumplimiento de las medidas. En caso de incumplimiento por parte de algún barco, la lonja deberá proceder a su denuncia, comunicándolo a la delegación territorial pertinente.
Sánchez Haro ha resaltado la interlocución permanente que ha mantenido la Junta con todos los representantes del sector, consolidada con la constitución de una mesa de trabajo y de dos grupos técnicos para mejorar la pesquería de esta especie, habiéndose celebrado ya varias reuniones.
Asimismo, para ayudar a paliar los efectos del cierre del caladero, la Consejería puso en marcha unas ayudas para armadores y tripulantes afectados, con base en los puertos de Isla Cristina, Punta Umbría y Ayamonte, y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Esto ha permitido un apoyo económico a 70 familias durante este periodo de paro forzoso.
Con ello, la Consejería “cumple así el compromiso adquirido con el sector el pasado día 18, durante la reunión mantenida para analizar los últimos resultados de los informes científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y en la que se acordó la reapertura de esta zona de pesca”, señaló.
La captura de la chirla se prohibió el pasado mes de enero al comprobarse que la biomasa estaba alcanzado unos niveles mínimos que comprometían la supervivencia de la especie. A partir de ese momento se estableció que la situación se mantendría hasta que hubiese garantías de que la actividad era viable conjugando los intereses ambiental, económico y social.
El cierre del caladero, decretado el pasado 20 de enero por la Administración autonómica para la regeneración de la especie, ha afectado a 96 embarcaciones y 291 marineros.
El cierre se ha mantenido hasta que los informes científicos han determinado que la población de chirla se ha restablecido en parte y se ha determinado que es posible reanudar la actividad. El objetivo marcado es lograr la sostenibilidad de esta pesquería no sólo en lo ambiental, sino también en lo social y en lo económico. La prohibición de capturas también estuvo vigente entre diciembre de 2016 y julio de 2017.
El sector viene demandando la bajada de la talla de la chirla a 24 milímetros o, en su defecto, una tolerancia importante entre 25 y 24 milímetros, así como el establecimiento de un horario de entrada y salida a puerto sin limitaciones, como ocurre con el restos de las pesquerías.
