Isla Cristina recibe la luz verde de la Junta para ayudas a municipios afectados por temporales

El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, por unanimidad, el decreto-ley aprobado el mes pasado por el Gobierno de la Junta que regula el Programa andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria, dotado con 1,5 millones de euros en el presupuesto 2021, para transferir fondos a las 24 localidades andaluzas afectadas por la DANA e inundaciones producidas entre los pasados días 24 de agosto y 23 de septiembre en las provincias de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

Se trata, en concreto, del Decreto-ley 21/2021, de 13 de octubre, por el que se aprueba el Programa andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria con las entidades locales especialmente afectadas por fenómenos naturales adversos acaecidos en las provincias de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

En defensa del decreto, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha expuesto ante el Pleno que se ha aprobado dicha normativa para agilizar la transferencia de estos fondos condicionados, con el fin de que las entidades locales cuenten con estos recursos lo antes posible para poder acometer las actuaciones de restitución, reparación, conservación o limpieza de las infraestructuras e instalaciones de servicios públicos municipales afectados.

Concretamente, los municipios beneficiados son diez en Jaén –Bedmar y Garcíez, Cazorla, Chilluévar, Huesa, La Iruela, Peal del Becerro, Pozo Alcón, Santo Tomé, Siles y Torres de Albanchez–; cuatro en Córdoba –Alcaracejos, Hinojosa del Duque, Lucena y Pozoblanco–; otros cuatro de Granada –Montefrío, Íllora, Puebla de Don Fadrique y Ventas de Huelma–; cuatro de Huelva –Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina y Lepe–; Antequera (Málaga) y La Roda de Andalucía (Sevilla).

Las cuantías oscilan entre los 14.952,03 euros que recibirá Bedmar y Garcíez y los 609.420,43 euros para Lepe, en función de criterios objetivos de necesidad –población, superficie urbana y gravedad de los daños sufridos– y de capacidad financiera –participación en los tributos de la comunidad autónoma–, con distintas ponderaciones para lograr “un uso más eficiente de los fondos y la mayor justicia en su reparto”.

No será obstáculo para la percepción de estas transferencias las posibles deudas de las entidades locales con la hacienda pública estatal o autonómica o con la Seguridad Social.

Con cargo al programa se podrán financiar actuaciones en redes de abastecimiento de agua potable a domicilio o evacuación y tratamiento de aguas residuales; accesos a los núcleos de población; pavimentación y señalización de las vías urbanas; alumbrado público; limpieza de vías; retirada de escombros o lodos; recogida y tratamiento de residuos; prevención y extinción de incendios; cementerios; bibliotecas; instalaciones deportivas; centros educativos, sanitarios, de servicios sociales o culturales, así como el parque público; y la reparación o adquisición del mobiliario urbano como farolas, bancos, vallas y similares.

Los ayuntamientos beneficiarios de estos fondos deberán acreditar la ejecución de las obras en el plazo de dos meses desde su finalización y antes del 31 de diciembre del 2022, si bien se podrá otorgar una prórroga de hasta doce meses por solicitud motivada.