Igualdad refuerza con 37.881 euros los servicios sociales de Isla Cristina

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ha aprobado la distribución de un crédito de más de 11 millones de euros en Andalucía de los que 662.201,35 euros corresponden a la provincia de Huelva, con cargo al presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), para el refuerzo de los servicios sociales comunitarios de las entidades locales para el desarrollo de competencias en materia de dependencia.

Esta dotación, que se amplía por primera vez desde 2012, supone un incremento de 710.070 euros en Andalucía, de los cuales 46.789,35 euros se distribuirán en la provincia de Huelva. Para su distribución se han establecido criterios relativos a población potencialmente dependiente, personas pendientes de la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA), personas beneficiarias de prestaciones de dependencia y número de Zonas Básicas de Servicios Sociales de cada entidad local. En todos los casos, se ha garantizado, al menos, los créditos consignados en el año 2020 para cada entidad local.

En concreto, con respecto a la distribución de los créditos en la provincia de Huelva, 177.219,71 euros se destinan al Ayuntamiento de Huelva, a la Diputación de Huelva le corresponden 272.429,63 euros, 30.990 euros a Aljaraque, Almonte 35.939 euros, Ayamonte 40.259 euros, Isla Cristina 37.881 euros, Lepe 34.531 euros y Moguer 32.952 euros.

Con este refuerzo de personal, será posible la atención más rápida a las personas cuyos expedientes están en tramitación en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía. Así se hace necesario para el ejercicio 2021 con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema y el desarrollo de las competencias que asumen las Corporaciones Locales del ámbito de la Comunidad Autónoma en materia de dependencia.

Esta distribución de créditos se realiza entre los ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales y los gastos que se financian son relativos al personal encargado de la gestión de solicitudes de inicio del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y de la elaboración del informe social y propuesta de Programa Individual de Atención, tanto en trámite inicial como de revisión. Para ello, este personal deberá contar con la titulación de Asistente Social o diplomatura en Trabajo Social.

Excepcionalmente, una vez cubiertas las necesidades en el ámbito social y previa conformidad de la ASSDA, las entidades locales podrán contratar o mantener la contratación de personal administrativo con cargo a este acuerdo.

Medidas

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha defendido que “la Junta de Andalucía ha puesto en marcha desde el primer momento toda cuanta medida ha estado a su alcance en relación con la atención a las personas en situación de dependencia para garantizar la seguridad y la protección de las personas, y manteniendo el empleo asociado en todo el sector”.

Ruiz ha añadido que “estas medidas han estado dirigidas a sostener el sector teniendo en cuenta la vulnerabilidad que tanto trabajadores como entidades prestadoras de servicios podían sufrir. Estas medidas se han destinados a financiar a centros de día y centros residenciales, así como a las entidades locales competentes en la prestación del Servicio de ayuda a domicilio de cara a minimizar el impacto económico en el sector y en el empleo”.

De esta forma, mediante la prórroga de las medidas económicas a medida que las pandemia avanzaba se ha garantizado la financiación del servicio de ayuda a domicilio y las plazas en los centros de día y residenciales, sin perjuicio de que la prestación del servicio se haya suspendido.

La consejera ha recordado que el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, está liderando, a nivel nacional, la propuesta de la constitución de un Pacto de Estado con el objetivo de blindar la dependencia como el derecho subjetivo del que se trata. Una iniciativa que cuenta con el respaldo del Parlamento andaluz, de los sindicatos y del sector de la dependencia.