(Firma: A. Rodríguez) El acoso mediático y en las redes sociales que está sufriendo Rafael Vélez, miembro del círculo Podemos en Isla Cristina y ex coordinador local de IU en esta localidad, es la demostración palpable de cómo se las gasta la derecha de este país, que trata de buscar contradicciones donde no las hay.
A Rafael Vélez, abogado de profesión, se le acusa de haber entrado en una contradicción ideológica por defender a su suegro, propietario de una vivienda que tenía alquilada a una mujer, víctima de malos tratos, por 200 euros al mes y a la que ha desahuciado judicialmente ante el impago de 1.800 euros (entre meses de alquiler sin abonar y gastos de luz y agua).
El suegro de Vélez no es un rico propietario de cientos de viviendas, es un jubilado que cobra 600 euros al mes y que tiene en el alquiler de esa casa un apoyo económico, del que no se hace rico vista la cantidad de la que estamos hablando.
¿Es el suegro de Vélez el que tiene el deber moral y económico de dar solución a la situación personal de su inquilina? Que cada cual dé una respuesta a esa pregunta, a la que debe seguir otra. ¿Quién entonces? Y la respuesta no puede ser otra que las administraciones públicas. Sí, es el Ayuntamiento de Isla Cristina, o la Junta de Andalucía o la administración que se estime más competente para este caso quien tiene obligación de dar una salida a una situación personal como la que sufre la inquilina del suegro de Vélez.
La situación es francamente lastimosa: un jubilado tiene que enfrentarse vía judicial a una inquilina en paro y víctima de malos tratos porque las administraciones públicas –esas que han salvado bancos con el bolsillo de todos– no dan respuesta a la mujer y hacen que los pobres se enfrenten a los pobres.
Y eso, la derecha ideológica, lo quiere convertir en una contradicción de un miembro de Podemos. El colmo.
REPRODUCCIÓN DEL TEXTO QUE RAFAEL VÉLEZ HA PUBLICADO EN SU FACEBOOK
He de decir que se está realizando una campaña falsa contra mí por un asunto exclusivamente profesional,
Yo no soy líder dé podemos en Isla Cristina solo soy un inscrito más del círculo local
La secretaria general la ostenta otra ciudadana.
De todas formas por mis ideas afines a Podemos se le realizó un alquiler social a Virginia por 200€ al mes más los consumos.
Tras más de año y medio de proceso judicial y con una deuda acumulada de más de 1800€ el día del juicio, conociendo su situación económica y por humanidad se le perdonaron todas las deudas, las costas judiciales y hasta los gastos de tasas que el propietario asumió. A cambio de recibir las llaves y darle plazo hasta ayer para que retirara sus enseres y buscase ayuda.
Cuál es mi sorpresa cuando desde los servicios sociales municipales se le recomienda que continúe de ocupa porque no pueden reubicarla e inician esta campaña pretendiendo presentarnos como personas inhumanas que desahucian a una mujer maltratada.
Los servicios sociales deben dar cobijo y protección a esta mujer al igual que a todos aquellos que la sociedad coloca en tan difícil situación pero no a costa de otros necesitados como el propietario pensionista
Este señor lleva toda la razon, me parece totalmente injusto, que el señor jubilado tenga que permitir tal cosa, y muy lamentable que una persona que no tiene ni para comer, no le den ayudas, pues si ese es el caso, que la administracion le ceda uno de los miles de pisos vacios, procedente de los desahucios,