La Junta condena la agresión sufrida por todo el equipo de guardia del centro de salud de Isla Cristina

La Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta en Huelva ha mostrado su “absoluto rechazo y condena de forma enérgica” a la agresión sufrida este domingo por todo el equipo de guardia del centro de salud de Isla Cristina durante el desempeño de su labor por parte de dos pacientes, y quiere mostrar “su total solidaridad y apoyo” a los cinco profesionales afectados, que sufrieron una agresión tanto verbal como física, así como amenazas.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la delegada de Salud y Familias de la Junta en Huelva, Manuela Caro, y la gerencia del Distrito Sanitario Huelva Costa, han mostrado su apoyo y el de toda la organización sanitaria a los profesionales afectados, y han destacado el “compromiso de sus trabajadores con la salud de todos”.

En este sentido, han recordado que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial “se considera como delito de atentado por los tribunales de justicia”, por lo que, desde el año 2015, “el artículo 550 del Código Penal recoge que cualquier agresión, física o verbal, a un docente o sanitario en el ejercicio de sus funciones o a consecuencia de ellas es considerado un atentado a la autoridad, con penas de prisión de seis meses a tres años, además de multa y alejamiento”.

Asimismo, los responsables sanitarios han ofrecido a los cinco profesionales asesoramiento y apoyo tanto legal como psicológico, tal y como establece el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz, cuyo objetivo último es reducir las agresiones y minimizar sus consecuencias.

En virtud de este plan, los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que asisten a todos los profesionales agredidos, han reclamado “la reparación económica integral por la agresión sufrida por el profesional”.

Igualmente, en los casos que proceda, se han solicitado “la medida de alejamiento del agresor”, además de “una valoración exhaustiva de los daños causados en los centros sanitarios y de los gastos derivados de la posible baja laboral del profesional afectado y de su sustitución por otro trabajador”.

En este sentido, la Consejería de Salud y Familias promueve modificaciones normativas para posibilitar medidas sancionadoras para los usuarios que cometan agresiones. Estas medidas incluyen sanciones económicas proporcionadas al daño causado por el agresor y, en caso de insolvencia, plantearse algún tipo de trabajo compensatorio a realizar por el agresor.

Por su parte, desde el centro se ha mostrado “su rechazo a esta clase de actos” y han resaltado que “cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, no puede justificarse bajo ningún concepto”, por lo que se ha hecho un llamamiento público Een contra de esta clase de comportamientos incívicos”.

Así, nada más tenerse constancia de este suceso, el Distrito Sanitario Huelva Costa activó las medidas recogidas en el Plan de Prevención y Atención de Agresiones.