Repetir las elecciones el 26 de junio supondría unos 136 millones de euros en gastos fijos, casi lo mismo que en los comicios del 20 de diciembre, una partida de la que es difícil recortar, salvo que los partidos renuncien a los más de 49 millones de euros que supone el envío de propaganda electoral.
Son numerosas las voces que piden que, si hay que ir de nuevo a votar, se haga una campaña más austera y con contención del gasto, aunque ese llamamiento deberán atenderlo fundamentalmente los partidos en sus actos de campaña, ya que de los gastos de organización de los comicios parece difícil recortar.
En todo caso, es el «mailing» el mayor gasto para el Estado y, de hecho, el capítulo de envío de publicidad pasó de los 38,4 millones de euros de las elecciones generales del 2011 a 49,2 millones en las últimas, casi 11 millones de euros más, motivado por la concurrencia de más partidos.
Independientemente de las subvenciones y de los gastos de la campaña que haga cada partido, el Estado les abona -a posteriori- para el envío de sobres, papeletas y propaganda 0,18 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las que haya presentado lista al Congreso y al Senado, siempre que la candidatura haya obtenido el número de parlamentarios o de votos preciso para constituir grupo en una u otra cámara.
Algunos partidos como IU ya plantearon antes de las elecciones del 20D ahorrar a las arcas públicas esta partida de propaganda, de forma que fuera el Estado el que hiciese un «mailing» universal con papeletas de todos los partidos en un solo sobre. No obstante, la supresión del envío de propaganda y papeletas de los partidos a domicilio que ya ha estado en varias ocasiones sobre la mesa, no cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas, ya que quienes se oponen entienden que redundaría en una caída de la participación.
De la importancia de esta partida da idea el informe del Tribunal de Cuentas sobre el gasto de los partidos en las elecciones generales del 2011 -el del 2015 aún no está disponible-, según el cuál, cerca del 40 % del gasto electoral conjunto de las fuerzas políticas en esos comicios (65,01 millones de euros) correspondió al envío de propaganda electoral, 25,91 millones.
Con todo, y dejando aparte la remisión de propaganda electoral por parte de los partidos, entre los gastos de organización de las elecciones generales quedan otros 86,7 millones de euros de gastos fijos y que más o menos se mantienen estables en las últimas elecciones. Es el caso de los 17,3 millones que supone realizar el escrutinio provisional y los medios informativos, la partida más elevada después de la del envío de propaganda.
Por detrás figura el presupuesto destinado a las fuerzas de seguridad, de difícil ajuste, y que en las últimas dos elecciones generales se ha mantenido en 12,7 millones de euros que supone el despliegue de 90.000 agentes -más de 28.500 policías y casi 46.000 guardias civiles-, además de los efectivos de los cuerpos autonómicos y locales.
También fijo es el capítulo para pagar a los miembros de las mesas electorales, unos 11,7 millones de euros, como el derivado de la propia jornada en adquirir urnas y cabinas -alrededor de 370.603 euros- o el dinero que supone montarlas y transportarlas, alrededor de dos millones. Imprimir las papeletas, sobres y otros documentos como los listados del censo alcanza los 6,3 millones, y empaquetarlos y distribuirlos más de 1,3 millones. En torno a los 200.000 euros supone almacenar todo el material electoral, que a su vez cuesta otros 230.000 euros, además del gasto en artículos de oficina, unos 288.000 euros.
Cien mil euros más, es decir, alrededor de 381.000 euros, es la inversión para la campaña de publicidad institucional de elecciones, al tiempo que adecuar las instalaciones del centro de difusión de datos se lleva 900.000 euros. Algo menos, 860.000 euros se destinan a imprevistos, y en torno a un millón de euros queda contemplado como fondo de contingencia.
