MARÍA CARMONA
Pese a la investigación iniciada por la justicia para aclarar la legalidad de la supuesta financiación de partidos políticos a partir de la Mancomunidad de Servicios (MAS) de la Provincia de Huelva, la institución mantendrá estos gastos, aunque saca pecho anunciando que los reduce a la mitad.
En concreto, la MAS y la Junta de Accionistas de su empresa pública de gestión, Giahsa -que suministra el agua en la mayoría de los municipios de la provincia de Huelva- aprobaron en pleno la reducción de sus “costes políticos” -como ellos mismos los denominaron en un comunicado- a 550.000 euros anuales de cara a esta nueva legislatura.
Aunque desde la Mancomunidad nunca se ha aclarado qué cantidad se destinaba anteriormente a estos costes ni cómo se distribuyen los mismos exactamente -aunque se sabe que estos se reparten entre las nóminas de los distintos cargos políticos, la asignación a los partidos que forman parte de la misma, y las dietas por asistencia a órganos colegiados-, en la jornada del martes 14 de julio celebraban su “recorte”, anunciando que el mismo se había posibilitado mediante la reducción de tres vicepresidencias a una -que actualmente ha recaído en la persona de la alcaldesa de Niebla, la socialista Laura Pichardo-, o la disminución de la cantidad que se paga en dietas por asistencia a los órganos colegiados, un gasto anual que pasará, según detallaron desde la institución, de “100.000 euros anuales a apenas 10.000”.
En estos órganos colegiados -en concreto, en el Consejo de Administración de Giahsa- participarán esta legislatura por primera vez, además de los grupos políticos mayoritarios, la Cámara de Comercio y Navegación, la Universidad de Huelva, el Consejo Económico y Social de la Provincia, y la Junta Arbitral Provincial de Consumo, que se unen a la Federación Onubense de Empresarios y los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, que ya lo venían haciendo.
Además, en la sesión del pasado martes 14, el pleno de la Mancomunidad aprobó la configuración de su Comisión Permanente, que ha quedado conformada por el presidente, Gonzalo Rodríguez Nevado -alcalde de Punta Umbría que fue detenido y puesto en libertad apenas 48 horas después de tomar posesión por su presunta implicación en el fraude de la formación-, y la vicepresidenta; así como un total de 11 vocales, cinco de ellos en representación de los grupos políticos (PSOE, PP, IU, Andalucista e IcxH) y seis por los distintos sistemas de abastecimiento (Costa, Costa-Huelva, Andévalo Occidental, Andévalo Minero, Cuenca Minera y Sierra).
Pese a que el mantenimiento de esta Mancomunidad sólo se pudo garantizar mediante la petición de un crédito de 85 millones de euros cuya devolución -más intereses- saldrá del bolsillo de los contribuyentes a partir de sus facturas del agua, para Rodríguez Nevado esta nueva etapa “es la muestra más palpable de la voluntad de servicio público que nos ha caracterizado siempre, unida a la responsabilidad en la gestión, la importante reducción de los costes estructurales, la calidad y cercanía del servicio, la política de mejora continua y la imprescindible ampliación de nuestros órganos de gobierno a todos los frentes de la sociedad onubense”.
Un sociedad que en los próximos años verá cómo los importes de las tasas de Giahsa se incrementarán anualmente conforme al IPC del año anterior, a lo que “de forma excepcional, durante los años 2014 a 2020”, habrá que sumarles los siguientes importes mínimos sobre el vigente en el año anterior: el 5% en 2016, el 3,5% en 2017 y 2018, y el 2% en 2019 y 2020.
Investigación en curso
Cabe recordar que el juzgado de Instrucción número 3 de Huelva abrió a finales del año pasado diligencias para investigar la posible financiación irregular de partidos políticos -en concreto, PSOE, PP, IU y PA- a través de la MAS y de Giahsa mediante el pago que desde la misma se realiza a las formaciones.
Unos pagos que la institución reconoce pero justifica explicando que los mismos se realizan con cargo a la partida de ‘Familias e instituciones sin fines de lucro’, y que “el único órgano con responsabilidad sobre el uso y destino de estas cantidades es el pleno de la Mancomunidad y sus integrantes son todos los ayuntamientos miembros”, descargando así cualquier tipo de culpa en los municipios.
