Para muchos pueblos de la costa andaluza, el verano es la piedra de toque. En apenas cuatro meses hay pueblos, empresas y familias que sostienen todo un año. Después del frenazo por la pandemia de coronavirus, estos pueblos quieren pasar de 0 a 100 en unos días. Los responsables municipales están inquietos: hay muchas dudas respecto a la seguridad, el comportamiento de los turistas, los eventuales rebrotes o los visitantes que van a recibir.
La Junta de Andalucía ha exigido a todos los municipios costeros que elaboren un plan de contingencia y ha anunciado que contratará a 3.000 vigilantes, a los que pagará 1.900 euros netos al mes, para colaborar en tareas de información y vigilancia. Les ha dado un plazo de 24 horas para inscribirse en la oferta, y prevé que se incorporen el próximo 15 de junio. Muchos alcaldes creen que los fondos extraordinarios, que la Junta cifra en 10,5 millones de euros, son insuficientes.
Isla Cristina tiene 12 kilómetros de playas, todas naturales a excepción de 150 metros de playa urbana. Cada verano, sus 22.000 habitantes se convierten en 60.000. En gran parte, turismo nacional con segunda residencia, pero también turistas extranjeros en grandes cadenas hoteleras.
Francisco Sosa (Partido Andalucista), concejal de Playas, explica que la gran dificultad es regular la separación de accesos y salidas. Pone el ejemplo de la playa de la Gola, a la que se accede por un puente con una anchura de 2,30 metros. La norma dice que debe haber dos metros desde la entrada a la salida, pero ese acceso está a 1,8 kilómetros del siguiente. “No puedo canalizar la entrada por el puente y la salida a 1,8 kilómetros, ni construir otro puente”.
Otro problema será el aforo: aunque haya dos kilómetros de playa, la concentración se produce en las cercanías de los accesos. Los vigilantes municipales sólo podrán informar, no sancionar. “Si no cumplen, para eso estarán los municipales o los fuerzas y cuerpos de seguridad. Vendrá la pareja en los quads y los sancionará”.
Sosa explica que trabajan a contrarreloj para enviar el plan de contingencia antes del 12 de junio, y advierte de que tendrá un alto coste. “A duras penas pagamos las nóminas… No sé cómo vamos a salir de esta”.
