Los servicios de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía han decomisado en torno a 1.300 kilogramos de pulpo sin etiquetado, al margen de la línea de trazabilidad y, por tanto, ilegal en los municipios costeros de Isla Cristina y Punta Umbría.
Éste es el saldo del operativo especial que, bajo la denominación Rejo, ha montado la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, contra la comercialización clandestina de este molusco.
La mayor parte de la incautación se producía en la mañana del jueves 9 de febrero tras el desmantelamiento de un almacén ilegal localizado en Isla Cristina. Allí se intervenían hasta 1.120 kilogramos de pulpo en una cámara frigorífica, congelado y envasado en 56 paquetes de 20 kilogramos cada uno. A continuación, en una inspección a un distribuidor mayorista a pocos metros del establecimiento, se aprehendían otros 150 kilogramos de esta especie de alto interés comercial de talla no reglamentaria (por debajo de un kilogramo de peso).
Ya por la tarde, el dispositivo de inspección se desplazó a Punta Umbría, donde, en un control en carretera, interceptó un vehículo que transportaba 30 kilogramos de pulpo inmaduro para elevar a 1.300 la cantidad decomisada de este molusco. De igual modo, dentro de las actuaciones desarrolladas en el término puntaumbrieño, se levantaron otras cuatro actas sancionadoras con la incautación, en su conjunto, de 46 kilogramos de diferentes productos pesqueros que carecían de toda documentación, etiqueta y trazabilidad. Todo el pescado intervenido ha sido donado al Banco de Alimentos de Huelva para su distribución a comedores sociales de la provincia, tal y como establece la normativa vigente.
Intensificación de la vigilancia
El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Pedro Pascual Hernández, que ha incidido en la importancia de la concienciación de toda la sociedad ante el grave problema del furtivismo, tanto para la sostenibilidad ambiental del caladero y de la propia actividad económica como para la salud pública, ha celebrado este nuevo “golpe” a una venta ilegal de pulpo que pone en cuestión la rentabilidad, presente y futura, de este sector. Un punto en el que ha asegurado, “porque es mucho lo que está en juego”, que la intensidad de los controles y la vigilancia que los efectivos de Inspección Pesquera, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Policía Autonómica, ejercen tanto en el mar como en tierra “no bajará ni un ápice”.
Seguridad alimentaria y sostenibilidad
Junto a las labores de inspección y control, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural vela por la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los caladeros con medidas como la fijación de tallas mínimas para las especies de interés pesquero, épocas de veda (fijas o estacionales) o la prohibición de captura o tenencia de determinadas especies, así como con la implantación de una tara máxima de explotación o cupo de captura máxima. También existe una definición y regulación de zonas o de fondos vedados a la actividad pesquera o la declaración de espacios marítimos protegidos.
De igual modo, este departamento de la Junta de Andalucía, en el marco del Programa de Control y Seguimiento de las Condiciones Sanitarias en las Zonas de Producción de moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos del litoral andaluz, decreta el cierre preventivo de los caladeros cuando se detecta la presencia de biotoxinas con valores superiores a los establecidos legalmente. El objetivo, la protección de la salud pública y garantizar la calidad sanitaria de los productos pesqueros.
