Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2015, sin ejecutar hasta el momento por estar pendiente de la resolución de un recurso ante el Tribunal Supremo (TS), obliga a tres farmacias de Isla Cristina a modificar la ubicación fijada en la Orden de la Junta de Andalucía para cumplir el concurso de adjudicación. Ahora, el Tribunal Supremo rechaza el recurso y deja libre a la ejecución de la decisión del Alto Tribunal andaluz porque, sostiene, ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la imposibilidad de revisar en casación la aplicación de la sentencia.
El TSJA, en resolución de este contencioso da la razón a los recurrentes y establece que “no es razonable” la ubicación de las tres oficinas de farmacia afectadas por la decisión judicial y, por tanto, propuestas por la Orden impugnada, ya que, partiendo del total del número de habitantes de Isla Cristina (32.021) no se atiene a la previsión legal de “garantizar o mejorar el adecuado servicio farmacéutico a la población”.
Por su parte, y en declaraciones a Huelva Información, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Huelva, Jorge García Maestre, señaló que con esta sentencia se da una situación “muy complicada” ya que es “muy complicado cerrar una farmacia para después tener que reubicarla en otro lugar”. El máximo representante de los farmacéuticos onubenses indicó igualmente que, además de complicada, la situación es “delicada” para la institución que dirige “porque en el fondo son colegiados tanto los de una parte, como los de la otra”, y “nosotros nos encontramos en medio de este conflicto de intereses”.
Sobre la sentencia y la posible resolución a esta situación, García Maestre indicó que “aún es pronto para hacer valoraciones ya que tenemos que estudiar con mucho mayor detenimiento el fondo jurídico de la cuestión”.
Uno de tres colegiados afectados por la sentencia del Alto Tribunal andaluz, que prefiere mantenerse en el anonimato porque “hay mucho en juego”, aseguró ayer a este rotativo que los tres farmacéuticos se encuentran en “estado de shock” ante la “gravedad” del tema porque según sus palabras “esto no se ha defendido adecuadamente” y ha provocado que se encuentren “arruinados” dada la “incalculable inversión realizada”, a lo que en su caso se suma “el trabajo de cinco años y la compra del inmueble donde se ubica la farmacia”. En este sentido aseguró que “no nos podemos ir” y, por tanto, “yo no me pienso mover de donde estoy, aunque venga la Guardia Civil a echarme”.
Este mismo colegiado indicó que a todo ello se une que “estoy dando un servicio a la población”, que “está encantada” con él ya que “nosotros nos hemos instalado donde nos indicaron, y hemos cumplido la normativa de prestar servicio a 2.000 habitantes por farmacia y a estar ubicados a una distancia mayor de 250 metros de otra botica”.
En parecidos términos se pronunció otro de los farmacéuticos afectados y consultados por esta redacción. Según éste la situación es “complicada” sobre todo “teniendo en cuenta que nosotros hemos cumplido con todos los requisitos legales, y que esta sentencia arruina no solo a tres familias, sino también a las de los empleados de las tres farmacias”.
