Óscar Lezameta . Los alcaldes de las localidades de Ayamonte, Isla Cristina, Cartaya y Lepe, estudian la creación de un consorcio público para la prestación de servicios de extinción de incendios y de impuestos municipales. El motivo que lleva a los cuatro regidores a tomar esta decisión es la de lograr un mejor funcionamiento de ambos servicios, aumentar su plantilla y llevar a cabo tanto un ahorro de costes como un incremento de la recaudación tributaria. Se da la circunstancia de que las cuatro localidades están gobernadas bien por el PP (Ayamonte y Lepe) o por partidos independientes que cuentan con el respaldo de los populares, como son los casos de Isla Cristina y Cartaya.
Según los datos a los que ha tenido acceso Huelva Información, en la actualidad el servicio de extinción de incendios se presta por el Consorcio de Bomberos de la Diputación Provincial de Huelva con un coste anual para los cuatro municipios de 1,8 millones de euros aproximadamente.
Con la creación de este nuevo ente público, los cuatro municipios podrían asumir el servicio de extinción de incendios a través de Parque de Bomberos de Ayamonte y su plantilla.
La plantilla actual del Parque de Bomberos de Ayamonte está compuesta por 22 bomberos y tiene un coste salarial de 900.000 euros al año, inferior a la aportación actual de los municipios, por lo que el nuevo ente público tendría capacidad económica para aumentar la dotación de medios humanos y de medios materiales por valor de más de medio millón de euros cada año, con la consiguiente mejora en la prestación del servicio.
La nueva organización del servicio permitiría aumentar la plantilla fija y disponer así de más bomberos por turno, cuyo número actual asciende a cinco, lo que resulta un número muy escaso de efectivos.
Igualmente, se podría mejorar la inversión en el mantenimiento de las instalaciones, así como en la adquisición de nuevos vehículos y de otros medios materiales necesarios para garantizar la prestación del servicio con tiempos de respuesta más rápidos y con mayor seguridad. Ha de tenerse en cuenta que, actualmente, una salida desde el Parque de Bomberos de Ayamonte deja prácticamente desguarnecidos estos municipios si se registra una segunda urgencia simultánea.
Por otra parte, respecto al servicio de recaudación de los impuestos municipales, actualmente, el mismo viene siendo prestado por el Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial, con un coste de 1,5 millones de euros al año para los cuatro municipios.
La forma de abono de la prestación del servicio es mediante un premio de cobranza, es decir, el Servicio de Gestión Tributaria se queda con un porcentaje del total de los impuestos municipales recaudados en pago por la gestión realizada.
Sin embargo, esta gestión en la recaudación de impuestos no es satisfactoria desde el momento en que actualmente hay pendientes de recaudar más de 40 millones de euros entre los cuatro municipios con un evidente y notorio perjuicio a las arcas municipales, por lo que es necesario mejorar el funcionamiento de este servicio.
Antecedentes en Cortegana y San Juan del Puerto
El estudio de la salida de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva que llevan a cabo cuatro municipios, no es la primera disensión que se produce en su seno. Antes lo hicieron San Juan del Puerto y Cortegana, en este caso avalada recientemente por una sentencia del Tribunal Supremo en lo que se refiere a la prestación de servicios por parte de la empresa pública Giahsa. Ésta aseguró tal y como adelantó Huelva Información, que las sentencias del conflicto que mantiene la Mancomunidad con los ayuntamientos que se salieron de la misma no anulan las indemnizaciones que exige a los consistorios díscolos. Giahsa subrayó que los últimos fallos, tanto del Tribunal Supremo (TS) como del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respecto a los ayuntamientos de Cartaya, Cortegana y San Juan del Puerto, “tratan una parte residual del conflicto abierto entre la MAS y los consistorios”, ya que todas las sentencias expresan de manera clara que no entran a “examinar la legalidad de los acuerdos de la mancomunidad” con base en los cuales se fijaron las indemnizaciones que se demandan a las corporaciones locales que abandonaron la empresa pública (12,2 millones en el caso de Cartaya, 2,3 en el de Cortegana y 3,5 en el de San Juan del Puerto).
